Las calles de la colonia Villeda Morales han quedado desoladas y con rótulos por todos lados de “se vende”.
Doña Paty Cerrato (46) hasta hace un año se sentía muy cómoda de vivir en la colonia Ramón Villeda Morales de Comayagüela, donde cada día cosechaba prosperidad familiar en un hogar muy consolidado junto a su esposo “Juan” y cuatro hijos.
Por recomendaciones de un pariente, la señora llegó hace tres años de Comayagua a comprar una casa, en este sector sur de Comayagüela. A ella le pareció interesante hallar mercaditos, clínicas médicas, carnicerías, transporte a toda hora, centros educativos para que estudiaran sus hijos y otras comodidades.
Un domingo de esos a doña Paty le apetecía una sabrosa sopa de res y se fue a la carnicería (ubicada a tres cuadras de su casa) a comprar tres libras de costilla y tajo. Al llegar, se encontró un gran candado en la puerta del negocio.
–¿Saben a qué horas van a abrir hoy la carnicería? -Le preguntó a un hombre.


Aquí funcionaba un billar, pero la misma delincuencia provocó el cierre definitivo.
Nunca, doña, le respondió.
¿Y eso?, dijo ella un tanto desmotivada.
Ya no aguantaban el impuesto de guerra, pero es mejor hacer como el monito, le dijo el hombre y continuó su camino.
La situación de doña Paty y de los carniceros es común en la Villeda Morales. Cerraron clínicas, pulperías, mercaditos.
La presencia de la “Mara-18” domina el territorio y en la parte de abajo está “La 13”.
No hay ni siquiera un odontólogo para emergencias, ni médicos porque han tenido que cerrar debido al famoso impuesto de las maras, y como los facinerosos ya acabaron con la mayoría de negocios de su colonia, su accionar delictivo lo han trasladado a las colonias del sur de Comayagüela. Uno de los casos son los centros comerciales de la colonia Altos de Toncontín, denominado “la esquina de la muerte” donde han matado a varias personas, entre ellos un guardia de seguridad y dos hermanos propietarios de un taller mecánico por negarse a pagar el “impuesto de guerra”.
La ley en la Villeda Morales es la “ley de Herodes…” y la aplican propios delincuentes que impunemente tienen intimidado a este barrio, donde pobres son el cuchillo de otros pobres.
Hay toque de queda, inclusive para la gente. A las 7:00 de la noche no hay ni un alma.


El principal negoció de carnicería cerró operaciones porque sus propietarias no soportaban la extorsión.
LA TRIBUNA mandó a un equipo a verificar la denuncia que se formuló a la redacción, del éxodo de sus habitantes en la Villeda Morales. Al entrar se percibe el miedo de la gente y la desconfianza. Para evitar confusiones, se bajaron los vidrios del vehículo automotor y enseguida una camioneta roja empezó a darle seguimiento al equipo, por las calles y al final se estacionó a la salida.
En estas circunstancias, hubo contacto con dos entrevistados, una de ellas conocida que relató la historia.
CIERRE MASIVOEsto que se está viviendo no es nuevo, la gente de la Villeda Morales es víctima del recrudecimiento delincuencial, pero han callado por temor a represalias y con impotencia miran el deterioro de la convivencia en la pintoresca colonia.
La mayoría de negocios importantes, como este restaurante chino, están cerrados.
Se reporta un éxodo de familias a consecuencia del dominio de los antisociales. Hay viviendas que están cerradas, sus dueños mejor se mudaron hasta que el lugar vuelva a ser habitable.
Según se ha tenido conocimiento, hay gente que paga mil lempiras a los mareros, por impuesto de guerra, para que los dejen vivir allí. Y las mejores casas, quedan para la pandilla y a la familia le dan 24 horas para abandonar su vivienda.
Y si la gente no puede pagar, la pandilla entra “a la brava” a las viviendas y se llevan los electrodomésticos. Les gusta mucho los televisores plasma, los celulares y los videojuegos.
La Villeda Morales se ha convertido en un territorio caliente, pero la gente no denuncia, ante la Policía, a los pandilleros por temor a perder la vida.
Adiós negociosSegún datos estadísticos de las Cámaras de Comercio, en los últimos 10 años unos 40 mil negocios cerraron a nivel nacional, por el delito de extorsión y se considera que esta cantidad puede ser mayor porque muchos negocios, principalmente de las Mipymes, cierran sin dar cuenta por temor de perder la vida.
En cuanto a los hogares, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJDH) registra que cerca de 41,000 hogares han sido desplazados internamente, por razones de violencia e inseguridad, entre 2004 y 2014, lo que representa 174,000 personas víctimas de ese flagelo.
Mataron a dos trabajadores de empresa de cable y a dos “pulperas”
Robos, asaltos, muertes, pago de la extorsión, violaciones, entre otros, han provocado el éxodo en la Villeda Morales.
“Aquí está podrido de delincuentes, esto ya no se aguanta, la mayoría de negocios han cerrado porque les cobran el impuesto de guerra”, expresó uno de los habitantes de la colonia Ramón Villeda Morales, a quien por seguridad identificamos con el nombre de “Darío”.
Indicó que en esa colonia la delincuencia se comenzó a recrudecer desde el año pasado, que muchos mareros de “La 18”, de colonias al sur de Tegucigalpa, se fueron a refugiar allí.
Desde entonces comenzaron a registrase hechos violentos, como la extorsión, asaltos a viviendas, negocios y a otros rubros del sector.

En cada esquina hay inmuebles con rótulos de venta, pero nadie quiere invertir en ellos por la inseguridad.
Gran parte de los negocios que están en la calle principal han cerrado por la extorsión, según Darío, al tiempo de calificar que ese poblado está quedando “desierto” porque los delincuentes se han apoderado de la comunidad.
Enumeró que en poco tiempo cerraron un restaurante chino, la carnicería, la fábrica de palillos, varias pulperías, un billar e importantes negocios que eran parte del desarrollo comunitario.
“Aquí han cerrado la mayoría de negocios y los que están funcionado tienen que pagar el impuesto de guerra. Algunas personas solo clausuraron sus pequeñas empresas, pero son nativos del lugar y no se pueden ir, otros además que no siguieron funcionado abandonaron la comunidad.
Sin embargo, hay quienes han sido acribillados en el interior del negocio, “por ejemplo a la dueña de esa pulpería allí la mataron, a la dueña de aquella otra pulpería también la mataron allí en el corredor y hace poco mataron a dos jóvenes que trabajaban en eso del cable”.
Uno de los crímenes más siniestros registrados en la Villeda Morales tuvo que ver con la muerte de dos muchachos que trabajaban en una empresa de cable. Ellos llegaron a ofrecer el servicio a los pobladores y los mareros los rodearon.
Fueron torturados antes de quitarle la vida a “plomazos” y sus cuerpos quedaron expuestos en plena calle principal. La gente que vio el hecho a plena luz del día, tiene miedo de hablar con la Policía porque ya no hay confianza.
“Darío” dijo que la comunidad en muchas ocasiones ha hecho gestiones para que les instalen una posta policial, sin embargo, las agrupaciones criminales han advertido que el día que la pongan, la van a quemar con todo y agentes. No obstante, desconoce si las autoridades de la Secretaría de Seguridad tienen temor o están haciendo algún análisis de la situación, pero la población sigue a merced de los criminales.
MIGDONIA AYESTAS:
Pagan a las maras por vivir en sus colonias
La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, señaló que mientras no haya una Policía comprometida con la sociedad el denominado “impuesto de guerra” no se va a terminar.
“El problema de la extorsión es que cuando el sistema de seguridad no está dando los resultados que se está esperando (de la Policía) y que algunos tienen ciertos vínculos con la actividad criminal”, señaló al tiempo de decir que quienes deberían estar protegiendo, no lo hacen, entonces dejan vulnerable a la población.
Así añadió que al no tener presencia de las autoridades policiales, tampoco la confianza, hace que esas otras “instancias” como las maras y el crimen organizado, estén cuidando los barrios y colonias. De ese modo, los pandilleros le cobran a los ciudadanos por vivir en sus comunidades, también por tener abierto un negocio.
Ayestas consideró que ante la pérdida de las instituciones, las agrupaciones ilícitas asumen ese rol y se aprovechan del miedo de la ciudadanía y a la gente no le queda otra que pagarle a ellos porque se convierten en autoridad local.